“Entre ellos se reparten el Hueso”

El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el colombiano Iván Velásquez, advirtió este viernes en El Salvador de que los partidos políticos guatemaltecos “se reparten literalmente los cargos de magistrados” de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de Apelaciones.

El letrado, quien participó en la conferencia “Desenmascarando la gran corrupción” en San Salvador, aseguró que la Cicig ha constatado en “las investigaciones criminales” esta situación.

“Hemos podido verificar también de qué manera los partidos políticos mayoritarios, como ocurrió en 2014 con la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y magistrados de cortes de Apelaciones, se reparten literalmente los cargos”, señaló Valásquez.

Precisó que “es muy fácil” lograr “incidir en las comisiones de postulación” que llevan el listado de los candidatos al pleno del Congreso, por la forma en que el proceso de elección está diseñado constitucionalmente en Guatemala.

Añadió que el “reconocimiento” se obtuvo durante “una investigación contra un presidente del Congreso de la República de Guatemala, ya condenado por tráfico de influencias”, quien intentó que una jueza de apelaciones resolviera un amparo a favor de la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

“La magistrada tuvo el buen cuidado de grabar toda la conversación, en las que el presidente del Congreso le afirmaba que por la elección de magistrados no se preocupara” porque “esto ya lo tenían definido entre el partido Líder y Patriota”, acotó.

Velásquez afirmó que otro factor que influye en este fenómeno es la “concentración del poder judicial” en la CSJ, que posee las “funciones administrativas y jurisdiccionales”.

Sostuvo que esta concentración “hace que todo el nivel inferior de esa corte, es decir salas de Apelaciones y jueces, esté sometido a la influencia perniciosa” que “se ejerce por fuera de los procesos”.

La Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica del país centroamericano, ha resuelto que el jurista colombiano sí puede entrar, pero el Gobierno se mantiene firme en su decisión.

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