Sammy Morales limpio sus antecedentes con procedimiento “TOTALMENTE lLEGAL”

Un análisis jurídico de la Policía Nacional Civil (PNC) sirvió para cancelar el historial policial de Samuel Morales, hermano del presidente Jimmy Morales, quien a pesar de estar PROCESAD0 por fraude busca ser inscrito como candidato a diputado. Para solicitar la constancia, el hermano del mandatario no presentó una certificación del juzgado en la que debe constar que su situación legal ha sido resuelta en definitiva, sino que a través de una abogada pidió la carencia de antecedentes policiales, basado en su derecho a la presunción de inocencia.

PROCEDIMIENTO lLEGAL

A criterio del penalista Marco Canteo, Samuel Morales utilizó un procedimiento “totalmente lLEGAL”, porque la PNC no es la autoridad autorizada para interpretar la Constitución y porque la presunción de inocencia se argumenta para que ningún juez condene a un acusado antes de que este sea vencido en un juicio.

“En el derecho administrativo, los funcionarios aplican sus procedimientos administrativos. Será el ciudadano quien, al sentirse afectado por una decisión administrativa, que acuda a las instancias judiciales para que un Tribunal establezca si realmente es ilegal la decisión; de lo contrario todos se estarían convirtiendo en jueces y Tribunales de carácter judicial y eso no es admisible en una estructura jerarquizada como Guatemala”, señaló Canteo.

Liseth Gramajo Trampe, abogada de Samuel Morales, admitió que en la solicitud de cancelación de antecedentes únicamente se presentó una “constancia” extendida por el Tribunal Décimo de Sentencia en la que se indica que el caso Botín Registro de la Propiedad por el que está ligado a proceso su defendido, se encuentra en la etapa de debate pendiente de dictar sentencia. La defensora señaló que los requisitos de la PNC para la cancelación de antecedentes son “lLEGALES” porque según ella, contravienen la Constitución.

“En la Constitución prevalece la presunción de inocencia. Tendrían que verificar ustedes si hay algún reglamento o ley que solicite la certificación que usted me indica, y eso no existe. La ley dice que toda persona puede hacer lo que la ley no le prohíbe, y no hay prohibición en cuanto a eso”, remarcó Gramajo.

El abogado constitucionalista Gabriel Orellana, cuestionó la acción de la Policía “Si este cuate fuera un alcalde y estuviera en estas circunstancias, la gran pregunta sería: ¿le hubiera hecho la Policía esa gran campaña, o sencillamente lo hubieran mandado por un tubo? Lo más probable es lo segundo”.

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